Democracia y Aborto

Tomás Pizarro Meniconi

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe del Desarrollo Humano en Chile “Los tiempos de la politización” correspondiente al año 2015, da cuenta de la profundidad de este proceso y en particular acerca del empoderamiento de la sociedad civil en la crítica por el perfeccionamiento de la democracia. Este es el contexto del debate referido a eliminar la penalización del aborto en tres causales, lo que afecta particularmente a las mujeres, pues recaen en ellas todo el rigor de la ley que castiga esta práctica.

Por otra parte, la función que compete a las instancias legislativas está puesta en duda, tanto por la corrupción instalada permanentemente a modo de práctica en algunos parlamentarios, como por la predominancia del enfoque masculino que busca perpetuar el machismo en nuestra sociedad. Aspectos que pretenden ser validados por la omisión en la condena de los mismos, entre los pares y colegas.

No obstante el cuerpo legislativo tiene el mandato popular sostenido por el sufragio, éste al momento de elaborar nuevas leyes sólo toma en cuenta la opinión masculina, sin considerar al electorado conformado por las dueñas de sus vientres, y es en este aspecto donde radica la contradicción entre el totalitarismo como expresión dictatorial, con la incipiente democracia electoral en la que las mujeres suman más votos. Por ello se debe considerar que las mujeres sólo han votado en 10 elecciones presidenciales, en tanto que los hombres lo han hecho en 34 ocasiones, por eso no es casual que la predominancia de un género someta al otro, lo cual no es una expresión democrática.

Por lo tanto la ilegalidad del aborto es una expresión de valores masculinos, en el sometimiento de las mujeres al totalitarismo machista, pues lo que buscó el legislador fue corregir una distorsión generada por otras leyes, igualmente disfuncionales, en especial aquellas que determinaron la predominancia del Estado en el control de la natalidad. Como es de conocimiento público, fue el Gobierno Demócrata Cristiano de Eduardo Frei Montalva, el que impuso métodos anticonceptivos para reducir la pobreza en las familias numerosas y hoy pretenden obligar a que las mujeres no posterguen sus embarazos o los eviten de acuerdo a su propia voluntad.

Tal como no fue democrática la imposición del uso de anticonceptivos en la década del 60, hoy tampoco lo es el castigo a la mujer por decidir sobre su cuerpo. En más de medio siglo de nuestra historia reciente, no hemos logrado superar el totalitarismo estatista que somete a la ciudadanía toda o a la mitad de ella, a políticas públicas obligatorias (leyes) que sólo mantienen activo el oscurantismo medieval.

 

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