Desde la antigüedad se reconocieron algunas garantías a algún tipo de personas.
El criterio para ello era el lugar o familia de origen. Es por eso que, más que de derechos, hablábamos de privilegios, que eran otorgados por la ley o la costumbre. Así en Grecia y Roma, algunos ciudadanos podían elegir autoridades, adquirir bienes, incluso acceder a la justicia.

En cambio, los derechos esenciales, no son otorgados por la ley, sino que son reconocidos por ella.
Se asumen como derechos anteriores y superiores al Estado y a la ley. Y obliga a los estados a garantizarlos.

Ya en la Edad Media se discutía la existencia de ciertos derechos que ni siquiera el Rey podía desconocer. En 1215, la Carta Magna, que fue creada por nobles ingleses, exigía que el Rey, en ese entonces absoluto, reconociera ciertos derechos y actuara dentro de la ley (a eso hoy le decimos estado de derecho). Fue aceptada, a regañadientes, por el Rey Juan I de Inglaterra, el 15 de junio de 1215. El debido proceso era, tal vez, el derecho más importante que se discutía en aquel entonces. Se pretendía evitar que el Rey encarcelara a cualquiera y le quitara sus bienes y sus tierras.

También en Inglaterra, surge la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. Es un documento que enumera garantías concretas para los súbditos, garantías que el rey tiene prohibido vulnerar. Concedida el 7 de junio de 1628, la petición contiene restricciones sobre impuestos no establecidos por el parlamento, acantonamiento forzado de soldados en casas particulares, encarcelamiento sin causa y restricciones en el uso de la ley marcial. Fundamentalmente se defendían entonces los derechos de propiedad (aquellos derechos que te otorga el hecho de ser dueño de algo).

Cabe hacer notar que los primeros esbozos de declaración de derechos surgen desde la nobleza de la época.

Las siguientes, en cambio, se configuran después de una revolución, en USA y Francia. En 1776, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y si bien no se hablaba de derechos humanos, son estos los primeros que hoy se reconocen como tales.

En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto y se proclamó tiempo después de cortarle la cabeza a la familia real (no es fácil ejercer derechos cuando el Estado, en este caso el Rey, insiste en vulnerarlos).
Establecía esta declaración, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ya tenemos en 1789 varios derechos humanos reconocidos:

1.- El derecho a la Vida y a la integridad de la persona humana.
2.- A la Libertad.
3.- A la igualdad ante la ley.
4.- Los derechos de propiedad.
5.- Al debido proceso.

Muchos de los derechos reconocidos actualmente emanan de estos. El 10 de diciembre de 1948 se acuerda y proclama, por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la “Declaración Universal de Derechos Humanos” que contiene, en su origen, 30 derechos que tiene todo ser humano y que todos los estados deben reconocer y salvaguardar. Chile participó de la redacción de dicha resolución.

Desde un comienzo los derechos del ser humano eran vistos en contraposición al Estado. Estados que ya tenían leyes que penaban delitos cometidos por ciudadanos contra otros ciudadanos o contra el Rey o el Estado.
Antes que la declaración de independencia de los Estados Unidos hablara del derecho a la vida como un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos, existían normas que impedían a los habitantes de esas tierras matar, asaltar o robar a otros ciudadanos.
Los documentos de derechos humanos no vienen a reemplazar las leyes vigentes en esos países, sino a complementarlas agregando obligaciones al Estado.

Muchas veces se dice “Los derechos humanos tienen otra cara: los deberes de las personas”, lo que es un error desde el comienzo. Los derechos humanos tienen efectivamente otra cara: las obligaciones del estado para con los ciudadanos. Los derechos y obligaciones que la ley ordinaria concede a los ciudadanos, no son requisito cuyo no cumplimiento libere al Estado de su obligación de garantizar los derechos humanos de las personas.
A modo de ejemplo:
La pena de muerte vulnera los derechos humanos. Independiente de si el condenado a ella es un criminal, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de ese criminal. Y es ahí donde radica la gran importancia que tienen, toda vez que si el Estado debe garantizarle derechos a los criminales, con mayor razón debe hacerlo con quienes no son condenados por delitos. Todas y todos nosotros. Y más grave se vuelve el intento por relativizarlos.
Si permitimos que el Estado pueda vulnerar derechos que se reconocen como anteriores y superiores a él, entonces todos, absolutamente todos los habitantes de ese país están en riesgo.
El poder del Estado es enorme comparado a cualquier poder que pueda tener un ciudadano y no hay nadie sobre el Estado que pueda protegerte. Por eso nacen organizaciones internacionales para defenderlos y protegerlos, muchas ONG como Amnistía Internacional u otras que denuncian y actúan contra los estados cuando estos vulneran los derechos de sus ciudadanos.
Entonces, a la pregunta: ¿Tiene derechos humanos el personal de policía? La respuesta siempre es sí. El Estado debe reconocerles y amparar los derechos de todas y todos. Lo que hace diferente el trato es que los policías actúan en nombre del Estado, armados por el Estado, protegidos legalmente por el Estado y financiados por el Estado. Eso los convierte en agentes del mismo, obligados a proteger y garantizar los derechos de las personas, jamás a violarlos de manera alguna.
Vamos a usar como último ejemplo el Código Penal Chileno: La privación ilegitima de la libertad de otro está castigada en el Código Penal: si alguien, cualquier persona, te encierra de manera ilegitima, quitándote la libertad de ir o venir, hablamos de secuestro y se sanciona como tal. Delito de secuestro. Si la misma acción -quitar de manera ilegítima la libertad de otro- es cometida por un funcionario público, en este caso, un policía, se configura el delito de detención ilegal y es una violación a los derechos humanos. ¿Significa que el secuestro, cometido por un delincuente común no vulnera derechos humanos? Por cierto que no: la vulneración existe igual pero, en el caso del secuestro, la víctima tiene la protección del Estado. Cuando se trata de detención ilegal, es el mismo Estado a través de sus agentes quien comete el delito y la víctima queda sin protección alguna.

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS…”

Así parte lo que conocemos como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este pequeño prologo contiene la doctrina de lo que fue en 1948 el mayor acuerdo mundial sobre alguna materia hasta la época. Su gestación surge de la propia carta fundacional de Naciones Unidas, que crea una comisión especial para tratar el tema de los derechos humanos. Esta comisión estaba formada por 18 naciones miembros, a quienes se le encomendó la tarea de redactar esta declaración, que en el fondo, es un tratado que obliga a los países firmantes. Para eso, la comisión creó un pequeño comité redactor, de 8 integrantes: Estados Unidos, representado por Eleonor Roosevelt, quien presidió este comité; Francia, representado por René Cassin y Canadá, representado por John Peters Humphrey, quienes fueron los redactores del texto final. También participaban del comité Líbano, China, Unión Soviética, el Reino Unido, Australia y, un dato no menor, Chile, representado por Hernán Santa Cruz.

La importancia de esta introducción es que contiene las razones por las cuales todos los países en sesión de Naciones Unidas determinaron necesario confeccionar este catálogo de derechos. Si los revisamos veremos que hay tópicos que son fundamentales:
1. Reconoce la dignidad del ser humano y señala que todos los miembros de la especie tienen igualdad de derechos. De este razonamiento se desprende que los derechos humanos son universales. Basta ser individuo de la especie humana para ser titular de estos derechos.

 

2.- Señala expresamente que son inalienables, o sea no se pueden transar, no se puede renunciar a ellos ni se le pueden arrebatar a nadie.

3.- De este mismo punto se desprende que los DDHH son incondicionales.
Y por esto podemos entender por qué no debe buscarse un contexto que justifique una violación de derechos humanos. Porque simplemente en cualquier contexto deben ser respetados. Si el sujeto delinque, deben respetarse. Si el sujeto es el arquetipo de la maldad, deben respetarse sus derechos humanos. Nunca, no importa lo que haga, el Estado tiene autorización para violar estos derechos. Por eso decimos que la pena de muerte es una violación a los DDHH, por muy horroroso que sea el crimen cometido.
Y la explicación a esto es muy simple y viene en el segundo párrafo de esta introducción: Los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad vio con espanto masacres horrorosas que pretendían ser justificadas por alguna condición de las víctimas. Y la comisión da cuenta en la redacción de que estos horrores no solo afectaron a las víctimas directas, sino que sacuden la conciencia de toda la humanidad. La gente de todo el mundo estaba horrorizada al conocer los campos de concentración nazi, los bombardeos a población civil, y todos los crímenes que cometieron los Estados durante esa guerra. Por eso hablamos de “crímenes de lesa humanidad” (la interpretación sería: crímenes que afectan –lesionan- a toda la humanidad). Por eso ni siquiera exime de culpa a un Estado el perdón de la víctima directa. No basta que las víctimas decidan perdonar: el Estado sigue siendo responsable. Y quienes en su nombre han cometido delitos, deben ser juzgados por eso. El perdón no exime de la justicia.

El siguiente párrafo dice: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;…” Y tal vez sea esta declaración la que resulte más polémica. Para muchos en la doctrina este párrafo consagra el derecho a la rebelión, incluso armada y violenta, contra un régimen que viola los derechos humanos. Y es por eso que se hace la diferencia jurídica entre los agentes del Estado que cometen delitos contra ciudadanos, de los delitos que puedan cometer los ciudadanos ejerciendo su legítimo derecho a rebelión.

4.- Otra característica de los DDHH es que son indivisibles, no se pueden reconocer algunos y quitar otros, no se puede respetar los DDHH un poco, ni se puede otorgar valor a uno de estos derechos por sobre otro. No es verdad que la carta de derechos humanos considere la vida con un derecho más importante que la libertad, o el derecho a expresarse. Todos los derechos “valen” lo mismo. Y eso es muy simple de entender si asumimos que hay quienes dan la vida por la libertad y los llamamos héroes.

En esta introducción, además, se refuerza la idea que ya se había expresado en otras declaraciones de derechos. El Estado es el obligado a reconocerlos, a tutelarlos, a garantizar su ejercicio y entregar recursos para que el ser humano exija legalmente el respeto absoluto a sus derechos humanos. En Chile tenemos un recurso de protección, que si bien está brutalmente limitado en la Constitución del 80, señala que cualquiera que sienta que el ejercicio de su derecho ha sido perturbado, impedido o simplemente amenazado puede recurrir a la Corte de Apelaciones y exigir que se restablezca el “imperio del derecho” o sea que el estado le garantice plenamente el ejercicio de este.

En las legislaciones de los países firmantes existe -o debe existir- una norma jurídica que incorpore como ley del país esta carta y otros tratados de Derechos Humanos. En el caso de Chile, dice el artículo 5° de la Constitución: “…Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes….”

En virtud de esto, esta carta, es Ley de la República de Chile.